España fue protagonista del crecimiento económico en los países de la OCDE en la segunda mitad del siglo XX, y la llegada de la democracia y la integración europea aceleraron su convergencia con las economías más desarrolladas del mundo. Sin embargo, la crisis financiera, primero, y la pandemia de covid frenaron su avance.
Hoy, la economía española crece de nuevo, pero se ha producido un divorcio entre las estadísticas macroeconómicas y las economías domésticas. El poder adquisitivo de los españoles ha retrocedido y se ha ensanchado la brecha del PIB per cápita con Europa. La productividad de nuestras empresas permanece estancada, y eso impide que los salarios se revaloricen.
Además, seguimos teniendo los peores datos de paro de Europa, especialmente entre los jóvenes. La precariedad es la característica más notable de un mercado laboral disfuncional, y los problemas de acceso a la vivienda son alarmantes.
Este escenario demanda una política económica ambiciosa que revitalice el crecimiento, impulse la innovación, fortalezca las políticas industriales y genere oportunidades para todos. Sin olvidar que no podemos perder el tren de la inteligencia artificial, que marcará el desarrollo económico durante todo el siglo, y que también jugará un papel clave en el avance de la educación, la salud o la inclusión social.
Nuestro objetivo es que España se convierta en una de las diez mayores economías del mundo, y por ello trabajamos en un modelo económico más competitivo, inclusivo y sostenible.
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La sociedad global vive un momento de incertidumbre y cambios. Los nuevos conflictos, las tensiones con China, las dudas en torno al proyecto de construcción europea, la articulación de alianzas estratégicas en el Mediterráneo Sur, son cuestiones en las que España tiene que tomar partido con vocación de ser un actor europeo y atlántico de primer orden.
España debe recuperar su vocación de influencia en el exterior y definir una agenda de intereses y valores nacionales dentro de la lealtad al proyecto común de la Unión Europea, a la Alianza Atlántica y al reconocimiento de nuestro papel central en la Comunidad Iberoamericana. Debemos participar en la creación de los consensos europeos y globales, y aportar la visión específica de España, que ocupa una posición privilegiada entre tres continentes.
La promoción de la democracia, el pluralismo y los derechos humanos son los elementos irrenunciables de la presencia española en el mundo. Y nuestra mejor herramienta diplomática para promoverlos es el español, nuestra lengua común, un vínculo poderosísimo que une a 500 millones de personas.
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El éxito de una nación puede medirse por la calidad de sus instituciones. Los países con mayor bienestar económico y social son aquellos cuyas instituciones son más sólidas, inclusivas y neutrales. Y sucede, al contrario, que el deterioro, la sobrepolitización y la exclusión institucional producen empobrecimiento y confrontación.
En 1978, España aprobó una Constitución que nos permitió convertirnos en una democracia plena, en un Estado miembro de la Unión Europea y en uno de los países más prósperos del mundo. Más de cuatro décadas después, no obstante, aparecen algunos problemas que es preciso atender para no retroceder en el camino andado. El conflicto territorial y la polarización política dividen a la sociedad y alimentan la desafección ciudadana.
Y no podemos permitirnos que los españoles pierdan la confianza en el sistema, porque es tanto como perder la confianza en su país. Por eso trabajamos para devolver a las instituciones su prestigio y para tender puentes que favorezcan la convivencia y el encuentro político, conscientes de que juntos somos mejores y llegamos más lejos.
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Nuestras políticas sociales integran educación, cultura e igualdad de género para construir una sociedad justa y cohesionada. Apostamos por una educación de excelencia que forme ciudadanos preparados, y promovemos la cultura como motor de identidad y cambio social. Posicionamos la igualdad de género en el centro de nuestras acciones, reduciendo brechas y fortaleciendo el papel de la mujer.
Priorizamos el bienestar de los jóvenes, garantizando igualdad de oportunidades con acceso a vivienda, empleos de calidad y educación para un futuro sostenible. Creemos en un país inclusivo, donde cada generación pueda desarrollarse plenamente y aportar al progreso común.
El compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ha permitido a la Fundación mantener desde el año 2007 la acreditación como “Organización no Gubernamental de Desarrollo Calificada” por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación).
Además, desde 2015 disponemos del sello de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora de ONGD de España, que hemos renovado en diciembre de 2024.
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Queremos orientar la reflexión y el conocimiento que generamos hacia la acción. A través de la cooperación internacional para el desarrollo con actores de otros países, contribuiremos a lograr un contexto internacional de bienestar, libertad, seguridad y democracia. Nuestra meta es mejorar la vida de las personas impulsado marcos legislativos y políticas públicas eficaces gestionadas desde instituciones fortalecidas y valores democráticos consolidados que sitúen a las personas en el centro de la acción. Nuestras prioridades se enfocan en la gobernabilidad democrática y derechos Humanos, para contribuir a la expansión de los valores democráticos; el fortalecimiento institucional, para mejorar la eficacia y transparencia de las instituciones del Estado a través de políticas públicas eficientes; y educación para el desarrollo y construcción de una ciudadanía global. Geográficamente, Reformismo21 concentra sus esfuerzos en Hispanoamérica y el Caribe (México, Centroamérica, el Caribe, Cono Sur y Zona Andina), África (Marruecos, Golfo de Guinea y el Sahel), Asia (Filipinas) y la vecindad Europa (Ucrania).
Vemos la transición energética como un motor para la reindustrialización de España, con el potencial de mejorar la competitividad de la industria, así como de catalizar inversiones extranjeras.
Basado en los principios de neutralidad tecnológica, mínimo coste, seguridad de suministro y seguridad jurídica, trabajaremos en un plan que, abarcando medidas fiscales, tarifarias, regulatorias y de inversión en infraestructuras energéticas, nos permita aprovechar la ventaja competitiva que tiene nuestro país en materia de recursos renovables frente al resto de países de nuestro entorno. Además, el plan también abordará la pobreza energética, el avance tecnológico y la explotación sostenible de minerales críticos. Este enfoque buscará, en última instancia, consolidar a España como un ‘hub’ industrial y energético estratégico, garantizando la resiliencia y soberanía energéticas.
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