Hoy arranca la campaña de las elecciones vascas. Tras los comicios gallegos, será la segunda cita con las urnas de un año intenso, en el que se celebrarán también elecciones europeas y catalanas —algunos incluso vaticinan un adelanto de generales—. Es mucho lo que está en juego en Euskadi. El crecimiento de Bildu amenaza la hegemonía del PNV, que aspira a gobernar de nuevo apoyándose en el PSE. Las encuestas reflejan una ligera ventaja en votos de la formación jeltzale sobre Bildu y un empate virtual en escaños. Sin embargo, no se puede descartar una victoria de los abertzales. En este contexto, la voz del constitucionalismo es mucho más que una opción electoral, es una obligación ética y política.
Bildu ha conseguido presentarse ante la sociedad vasca —sobre todo ante las generaciones jóvenes, que no han convivido con ETA— como una suerte de partido verde y feminista, una nueva izquierda moderna y al estilo europeo, a pesar de no haber cortado el cordón umbilical que lo une a ETA a través de Sortu, de que lleva en sus listas a personas condenadas por terrorismo y recibe con ongietorris a los etarras que salen de prisión. La condición de socio del Gobierno central y su papel necesario en la gobernabilidad del Estado también han contribuido a blanquear la imagen de los radicales vascos, a los que Pedro Sánchez ha ungido de institucionalidad. Todo ello ha permitido a Bildu maximizar su espacio electoral sin haber renunciado a su proyecto fundacional: el de un secesionismo capaz de bendecir la violencia. Así, compite en el corto plazo por hacerse con el Gobierno vasco, sin ocultar que su proyecto político es la autodeterminación.
El desafío electoral de Bildu ha propiciado en el PNV una conducta imitativa: su nuevo candidato, Imanol Pradales, es joven, se siente «solo vasco» y no oculta su independentismo. Con el nacionalismo vasco basculando hacia la radicalidad y una suma de PNV y Bildu que obtendrá aproximadamente dos tercios de los escaños en el parlamento vasco, la amenaza de un procés à la vasca, un prozesua, aparece en el horizonte como un escenario indeseable pero probable. Tanto más si tenemos en cuenta que tanto PNV como Bildu forman parte del bloque de Gobierno que mantiene a Sánchez en Moncloa, y que tienen un poder de negociación, cuando no de chantaje, sobre el presidente que se hace sentir en toda la agenda política nacional. En la próxima legislatura, la hoja de ruta del PNV pasa por la actualización del Estatuto de Gernika que amplíe el autogobierno vasco (y ya sabemos que el germen del procés está precisamente en una reforma estatutaria). Además, Bildu presiona por la excarcelación de presos de ETA, y el PSOE parece dispuesto a transigir, al menos, en la de quienes no tienen delitos de sangre.
Ante esa situación, la alternativa que representan Javier de Andrés y el Partido Popular es crucial por razones que desbordan las fronteras de Euskadi. En estas elecciones está en juego el encaje territorial del País vasco (y de Navarra) en España y, por extensión, del modelo autonómico que nos dimos en el 78. Javier de Andrés es mucho más que el candidato del Partido Popular, es el candidato de la Constitución.