Se ha escrito mucho sobre la pérdida de autonomía de los gobiernos para adoptar políticas económicas propias en un mundo globalizado de shocks transfronterizos, y el margen se estrecha aún más cuando la soberanía es compartida, como sucede en la Unión Europea. Los problemas nacionales son, de forma creciente, problemas estructurales cuyo impacto se puede medir en términos europeos, y las recetas que los países aplican para resolverlos se distinguen cada vez menos por su ideología: más que encontrar soluciones de izquierdas o soluciones de derechas, lo que debe preocuparnos es dar con las soluciones correctas.
Gobiernos conservadores, liberales y progresistas de Europa han tomado decisiones similares para paliar los efectos de la pandemia, la crisis energética o la inflación, y a menudo deben hacer frente a preocupaciones sociales similares: los problemas de acceso a la vivienda, la incertidumbre laboral que inaugura la IA, los dilemas de la transición ecológica, la necesidad de favorecer la conciliación y la natalidad, la brecha creciente entre la ciudad y el medio rural o la tormenta perfecta que supone la combinación de todos estos problemas sobre el colectivo que más los sufre: los jóvenes.
Esos problemas transversales se expresan con distinta intensidad y con matices propios en cada país. En el caso español, seguimos encabezando algunas de las estadísticas más luctuosas de Europa: el paro juvenil, la pérdida de poder adquisitivo de las familias, una tasa de natalidad en caída libre, la emancipación imposible, el abandono escolar temprano, la pobreza infantil o la inasequibilidad de la vivienda constituyen preocupaciones sociales de primer orden que, lejos de mejorar durante los autoproclamados gobiernos “de progreso”, se han agravado. Y lo han hecho porque el Gobierno se ha esforzado más por buscarles soluciones de izquierdas que por dar con las soluciones correctas. O ni siquiera ha buscado soluciones: se ha limitado a construir un relato con el que maquillar la realidad.
Así, vivimos un momento de zozobra social que contrasta con el discurso ufano, triunfalista y autocomplaciente que venden Moncloa y el Ministerio de Economía. España no va “como un cohete”, y sabemos que la zozobra social desatendida conduce a la desconfianza en el sistema y alimenta los movimientos populistas; cuánto más en un contexto de degradación institucional, con el presidente disponiendo y abusando de sus prerrogativas para perpetuarse en el poder.
Paradójicamente, el Gobierno que quiso presentarse como el más social e igualitario de la democracia ha resultado el más lesivo para la justicia social y la igualdad de oportunidades. Ante este estado de cosas, la responsabilidad del primer partido de la oposición es trabajar para dar respuesta —la respuesta correcta— al malestar social desatendido, por razones que desbordan cualquier filiación ideológica: sencillamente, las preocupaciones de la alternativa de Gobierno han de coincidir con las preocupaciones de los españoles. Y eso no es una estrategia, es un imperativo moral.
La pregunta, por tanto, se descubre ociosa: no es que el PP pueda ser un partido social. Es que no puede ser otra cosa.