Durante el reciente congreso federal del PSOE, la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero acusó al PP de ser un partido «golpista». Es una acusación muy grave por muchas razones. En primer lugar, porque coloca al primer partido del parlamento —y a sus ocho millones de votantes— fuera de la Constitución. En segundo lugar, porque la banalización de los términos políticos nos desprotege contra su encarnación real. Si la labor de oposición se tilda de golpismo nadie temerá el verdadero golpismo. Y así sucede: nos hemos acostumbrado a que quienes efectivamente perpetraron un golpe sedicioso conformen la coalición que sostiene al presidente. Por último, la deslegitimación de la oposición es uno de los elementos que ilustran la deriva populista del sanchismo, que no acepta ya contrapesos, ni fiscalización, ni quiere someterse a la separación de poderes.
Por eso, al señalamiento de la oposición se suman también el de la prensa crítica y, especialmente, el de los jueces. El descrédito de unas instituciones y la patrimonialización de otras obedecen a una vocación de emancipación del poder respecto de las reglas de la democracia. Cualquier investigación que afecta a los intereses del Partido Socialista se tacha hoy de guerra sucia, y de persecución orquestada por unas derechas política y judicial confabuladas. El resultado de ese discurso irresponsable, temerario y rebelde es una fractura política y social que invoca al fantasma de las dos Españas: la nostalgia de dos países que se dan la espalda, que no conceden mediación, ni arbitraje, ni convivencia posible.
Si los tribunales quedan desautorizados como instrumentos de elucidación de la verdad, ya no importan los hechos, sino la fe. Serán entonces el poder político y sus terminales mediáticas los que proclamen qué hay que creer y a quién. «Yo sí te creo» puede funcionar como eslogan de pancarta, pero elevarlo a doctrina jurídica inaugura un escenario de arbitrariedad y abuso, y un desdoblamiento de la realidad por el cual la experiencia del mundo será inseparable de la adscripción ideológica: es la posverdad de los «hechos alternativos».
El presidente del Gobierno ha dicho este fin de semana: «Somos inspiración para otros, hacemos realidad políticas, somos un pilar de la socialdemocracia en Europa y el mundo. Por eso nos atacan». Lo burdo del relato denota una falta absoluta de respeto a los ciudadanos, pero, sobre todo, a los votantes socialistas, pues pretender establecer una relación de causalidad entre la filiación socialdemócrata y la apertura de investigaciones judiciales es un disparate que no resiste el menor escrutinio. En cambio, no requiere una audacia sobresaliente averiguar qué tienen en común las causas por corrupción que afectan al partido del que Pedro Sánchez es secretario general, al Gobierno que preside Pedro Sánchez y a la familia de Pedro Sánchez.
En efecto, Pedro Sánchez ocupa el centro de los escándalos, en un momento en el que el país afronta desafíos que demandan toda la energía de un Gobierno, comenzando por las tareas de recuperación tras la dana. Una energía que hoy se consume en la gestión de entuertos y crisis endógenas. Y tampoco contribuye a una actuación expeditiva ni diligente la ausencia de unidad de acción y propósito que paraliza a la coalición: si aprobar un par de impuestos reclamó los trabajos intempestivos y el secuestro de la comisión de Hacienda, qué agonía (y qué claudicaciones) nos deparará la negociación de unos Presupuestos.
No, los jueces no investigan al Ejecutivo de Sánchez por ser socialdemócrata. De hecho, España necesita recuperar con urgencia un partido socialdemócrata fundamental para la vertebración del país. Lamentablemente, hace tiempo que el PSOE renunció a una tradición política sin la que no cabe explicar la construcción de Europa, para emprender una aventura que ha unido su destino y su causa a las del nacionalismo y el populismo.